Reportajes en Profundidad

El municipio estaba a cargo de la administración del CDT hasta que en el 2005 privatizó su operación.

Se duplica el déficit en Cataño

La deuda pública acumulada sobrepasa los $40 millones. Uno de sus asesores en sana administración resultó convicto por corrupción en caso de Vega Baja.

Wilma Maldonado Arrigoitía
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José Rosario Meléndez corta en más de la mitad el gasto

Entre los años fiscales 2009-2010 al 2013-2014, el déficit acumulado por el municipio de Cataño casi se duplicó de $7.7 millones a $14 millones y su deuda pública alcanzó los $42.9 millones.

La comprometida situación económica de Cataño sobrevino a pesar de que en el cuatrienio 2009-2012, bajo la administración de José A. Rosario Meléndez, se redujeron a más de la mitad los contratos que se acordaron durante el cuatrienio anterior en el que el ayuntamiento estuvo dirigido por Wilson Soto Molina, según se desprende de la información contenida en el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

El dinero comprometido en transacciones contractuales también se acortó de casi $76 millones en el 2005-2008 a $32.2 millones en el cuatrienio 2009-2012. En los primeros 27 meses del presente cuatrienio, también bajo la administración del popular Rosario Meléndez, se han firmado contratos que ascienden a $16.5 millones.

La transacción más importante que ha tenido el municipio de Cataño por los pasados diez años ha sido con la empresa Integrated Emergency Medical Services & Management of Cataño, Inc. para la operación de Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Eulalia Kuilan.

En el cuatrienio 2009-2012, el ayuntamiento firmó contratos por más de $10 millones con esta compañía, que es representada por Héctor Flecha Flores. Entre el 2013 y 2014, los convenios con Integrated ascienden los $6 millones. Esta firma se incorporó en el 2002 y administra otras facilidades de salud en el área este del país.

El municipio estaba a cargo de la administración del CDT hasta que en el 2005 privatizó su operación a la empresa Medical, Pharmacy & Laboratory Admnistrative Service, Corp. La compañía, de Miguel Robledo Gómez y Víctor Díaz, obtuvo contratos de servicios superaron los $7 millones.

Línea ascendente del déficit

Contratos al margen de la ley

Una auditoría de la OCPR reveló que los contratos con ambas empresas que han administrado el CDT se firmaron sin haber pasado por la evaluación de la Legislatura Municipal como es requerido por ley.

Durante los pasados diez años, el gobierno municipal de Cataño ha hecho contrataciones por casi $28 millones bajo la categoría de servicios relacionados a la salud, según el registro de la OCPR. Es la segunda categoría de servicios con más compromisos económicos mediante contratos.

Vea:

Informe del Contralor sobre el Municipio de Cataño

Salud gratuita para el exalcalde y su familia

El exalcalde Soto Molina fue investigado y en el 2007 el Departamento de Justicia refirió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), luego que una investigación de El Nuevo Día, y posteriormente corroborada por una auditoria del Contralor, revelara que entre el 2003 al 2007 en la farmacia del CDT le despachaban medicamentos de forma gratuita a Soto y a su esposa Elisabeth González.

Además, ni al ejecutivo municipal novoprogresista ni a su esposa se les facturaba por las consultas y visitas médicas que procuraban en el CDT. Posteriormente, el Alcalde pagó por esos servicios. La OPFEI determinó no asignar un FEI por estos hechos.

Sin embargo, en el 2011, Soto Molina fue encontrado culpable por violaciones a la Ley de Ética, relacionadas con un contrato que otorgó para el recogido de escombros tras la tormenta Jeanne en 2004 a la empresa Oram Engineering. Entre enero de 2004 a agosto de 2006 esta firma obtuvo contratos con Cataño por $4.3 millones. 

Vea: Referido Soto al Panel del FEI

Convicto por corrupción fue asesor de sana administración

Uno de los principales consultores de Soto Molina fue Irving Piñeiro, quien fue contratado para que asesorara, entre otras cosas, en el cumplimiento con los requisitos de sana administración que requiere la OCPR. Entre el 2005 al 2008, Piñeiro tuvo contratos por $292,123.20 con Cataño. 

Este consultor también fue asesor del ex alcalde de Vega Baja, Edgar Santana. Entre el 2011 y 2012, en procesos separados, Soto Molina, Santana y Piñeiro resultaron convictos por actuaciones relacionadas con corrupción gubernamental.  

Más de lo que aguanta la chequera

Los acuerdos más importantes según los desembolsos que requieren, tienen que ver con la construcción y reparación de estructuras. Durante la administración de Soto, se invirtieron $34.8 millones en contratos de construcción mientras que Rosario Meléndez solo ha firmado contratos por $5 millones bajo esta categoría por los pasados seis años.

La oficina del Contralor indicó en un informe publicado en marzo de 2009 que el exalcalde formalizó contratos de construcción sin tener los recursos económicos para cubrirlos. Esto sucedió con la “subastas para la construcción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Job Andújar por $10,132,659 y la rehabilitación del Frente Marítimo por $1,899,387. Al celebrarse las subastas, el Municipio solo contaba con $6,834,002 y $989,718, respectivamente, para la realización de dichas obras. Esto representó deficiencias en fondos por $3,298,657 y $909,669 para cubrir el costo de las mismas”.

Asimismo, la OCPR señaló que en el presupuesto 2009-2010, el municipio sobreestimo por más de $19 millones los recaudos que obtendrían por ingresos de patentes. En el año fiscal 2008-2009 la partida por concepto de patentes fue de $800,000. Sin embargo, en el presupuesto del año siguiente estimaron que recibirán $20 millones en recaudos de patentes.

El presupuesto de Cataño para el 2009-2010 fue de $62.4 millones. Al año siguiente el presupuesto volvió a ser de $60 millones. No fue hasta el 2011-2012 que el presupuesto bajó a $49.7 millones y para el año 2013- 2014 se redujo a $44.4.

Recortados los ingresos

Cataño, que tiene un nivel de pobreza de 49%, sufrió una disminución importante en las asignaciones de fondos federales. Entre el 2011 al 2013, recibía $2.3 millones en fondos provenientes del gobierno de los Estados Unidos. En el 2013-2014, solo recibió $65,080, según datos socioeconómicos de la OCPR.

Asimismo los recaudos por impuestos de bienes muebles e inmuebles bajaron de $13.8 millones, en 2010-2011, a $11.9 millones por los siguientes tres años fiscales.

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