Reportajes en Profundidad

Enredados en escándalos

Electores seleccionaron a decenas de candidatos que han estado involucrados en investigaciones por corrupción, violaciones éticas e irregularidades administrativas

Wilma Maldonado Arrigoitía
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Tres días antes de que el Departamento de Justicia (DJ) anunciara que investiga al expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás, los electores lo penalizaron al  negarle la reelección y, aún más, lo colocaron  como su última opción entre las alternativas electorales para ese cuerpo legislativo.

Esto contrasta con el respaldo de los votantes a candidatos con reputaciones fracturadas por el escándalo, pero que  ahora se dirigen hacia sus cargos con la agilidad y frescura de quien está incólume.

Entre los alcaldes y legisladores que resultaron electos el pasado martes, hay más de una docena que arrastran multas éticas, condenas e investigaciones por presunta corrupción.

Para entender por qué a algunos estos escándalos les costaron la elección mientras otros salieron victoriosos, el profesor Javier Colón Morera apuntó a la visibilidad de estos en los medios de comunicación.  “Los casos, como el de Perrelló, tienen mucho seguimiento en la prensa, y eso provee al votante promedio mucha visibilidad de lo que está ocurriendo”, expresó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por su parte, Mario Negrón Portillo, experto en administración pública, recordó  que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, pidió a su miltancia que no votara por Perelló.

“A lo mejor muchos electores hubiesen votado por él, pero decidieron hacerle caso al llamado del presidente de su partido”, analizó el retirado profesor universitario. 

En cambio, los casos relacionados con alcaldías o legisladores de distrito no tuvieron el mismo destaque en los medios ni exhortaciones del liderato de sus partidos y, en algunos casos, ha pasado algún tiempo desde que se divulgaron sus escándalos.

 “Con los alcaldes, uno puede pensar que los electores le dan más importancia al arreglo de las carreteras, de los parques y otras cosas. El servicio directo tiende a ser un factor importante en el reelección”, comentó Colón Morera.

Según el catedrático, en Puerto Rico no hay suficientes datos que confirmen si el elector tiene información adecuada sobre las ejecutorias de sus funcionarios electos ni qué factores toma en cuenta al votar.     

“Los estudios demuestran que, en Estados Unidos, el ciudadano presta más atención a las especificaciones de un carro (cuando lo van a comprar) que a las cualidades de los candidatos”, añadió.

 A juicio de Negrón Portillo, los factores principales para que el elector ignore los señalamientos de corrupción o incapacidad administrativa son el fanatismo político y la aceptación de las fallas de su candidato a cambio de que muestre obra pública.  

“Hay gente que no le presta atención a nada de eso porque piensa que lo hacen todos los políticos", comentó el excatedrático de la UPR. “Hay otra gente que, dentro del fanatismo político  que todavía queda en este país, el  político puede hacer la barbaridad más grande y no tiene ningún problema”.

Repertorio de escándalos.

Los electores instalaron en la Cámara de Representantes a Michael Abid Quiñones, quien  fue arrestado por someter reclamaciones fraudulentas a la aseguradora Aflac. En el tribunal federal, Quiñones admitió los hechos, pero, al entrar a un programa de desvío, se archivaron las denuncias en su contra. 

De igual forma, José Luis Rivera Guerra regresará a la Cámara de Representantes, de donde salió en medio de un escándalo que lo llevó a juicio por realizar construcciones ilegales y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Por esos hechos, llegó a un acuerdo con la fiscalía que rebajó las clasificaciones de sus delitos a menos grave.

Por otro lado, los electores de Corozal reeligieron a su alcalde, Sergio L. Torres, y no le dieron mayor importancia a la multa de $9,000 que le impuso la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) porque se utilizó dinero público para pagar por asfaltar la carretera que lleva a su residencia y porque intentó pagar, también con dinero de los contribuyentes, su defensa legal para este mismo caso.

Los electores de Maricao volvieron a dejar en el ayuntamiento a Gilberto Pérez Valentín, quien tiene tres querellas éticas por contratar a su hermano en la alcaldía y un referido activo en Justicia por un aumento de sueldo presuntamente ilegal al igual que el cobro de licencias por vacaciones y de  enfermedad.

En una situación similar, se encuentra el revalidado alcalde de Santa Isabel, Enrique “Quique” Questell, a quien  la Oficina del Contralor refirió a Justicia por supuesto cobro ilegal de licencias por vacaciones y enfermedad. Por estas mismas imputaciones, el exalcalde de Salinas, Carlos Rodríguez Mateo, fue referido al DJ. Los electores lo premiaron con un escaño senatorial.  

Asimismo, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, fue electa sin que tuviera peso una querella activa en su contra en la OEG por presunto activismo político en el trabajo  y promover que los empleados municipales donaran a su campaña.  

El alcalde de Culebra, Willaim Solís, también reelecto, tiene una querella activa por supuestamente intervenir en la contratación de su suegra.

En Sabana Grande, tampoco pesó entre los electores que el alcalde Miguel “Papín” Ortiz tiene una multa a la OEG por $4,750 por no inhibirse en la contratación de su prima hermana.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo”, expresó, por su parte,  la directora ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario. “Por lo menos, el pueblo no fue a ciegas a esa papeleta”, agregó la funcionaria, quien dijo que la OEG divulgó estas querellas.

Controvertible retorno

Al Senado regresará Evelyn Vázquez y se unirá a ella, el exrepresentante Eric Correa.

 Vázquez regresa al escaño que perdió en 2012 tras señalamientos por supuestamente usar su puesto para favorecer la empresa de su pareja, cobrar dietas de manera ilegal y nepotismo. Justicia investigó estos hechos, pero decidió archivar la querella.

 En tanto, Correa llega en enero al Senado del que lo despidieron en el cuatrienio de 2005-2008 de un puesto de asesor legislativo por su intervención para que el presunto narcotraficante José “Coquito” López visitara instituciones penales. En 2008, Correa fue electo representante y el contralor electoral refirió los informes de  su campaña al DJ, que encontró fallas administrativas, pero no delitos, y archivó la investigación.    

Mientras que a la Legislatura regresa  Rafael “June” Rivera, quien fue investigado por Justicia por un accidente presuntamente ocurrido mientras estaba ebrio. Justicia y la Comisión de Ética de la Cámara archivaron las querellas.

Tampoco tuvo importancia para los electores, las imputaciones que se le hicieron al alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, por la presunta posesión de una guagua que se le traspasó durante la campaña de 2012. La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente investigó y no presentó cargos contra el alcalde pero sí le radicaron cargos a su ayudante.

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